Cristina Fernández de Kirchner cuestionó otra vez ayer a la prensa. “Parece ser que hay una prohibición decretada desde algún lugar de que comunicar a los argentinos que las cosas nos van mejor o que también pasan cosas buenas fuera algo que está de más o molesta”, se quejó la Presidenta, tras recibir al decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Federico Schuster, e invitarlo a que esa casa de estudios se sume al Observatorio sobre Discriminación en los Medios de Comunicación. Fernández de Kirchner tomó esa decisión después de que Página/12 publicara una resolución del Consejo Directivo de Sociales que criticó duramente la cobertura periodística del conflicto con el sector agropecuario.
El Observatorio sobre la Discriminación fue creado por decreto en el marco del Plan Nacional contra la Discriminación. Lo integran el Comfer, el Inadi y el Consejo de la Mujer. Ahora se sumará la Facultad de Ciencias Sociales –que dicta la carrera de Ciencias de la Comunicación– y serán invitadas a incorporarse también todas las universidades públicas.
“Los argentinos tenemos que reflexionar esencialmente sobre quiénes son los titulares del derecho de la libertad de información y de la libertad de prensa. Si son realmente las grandes empresas de comunicación o es el ciudadano y la ciudadana de a pie –como me gusta decir– que merece que todas las historias y todos los relatos sean diferentes y plurales”, analizó Fernández de Kirchner durante un acto de entrega de viviendas que encabezó en Casa de Gobierno tras reunirse con Schuster.
Del encuentro entre la Presidenta y el decano de Sociales y su vice Damián Loretti participaron también el ministro de Justicia, Aníbal Fernández; el secretario de Medios de Comunicación, Enrique Albistur; el flamante interventor del Comfer, Gabriel Mariotto; y la titular del Inadi, María José Lubertino.
El Consejo Directivo de Sociales cuestionó días atrás con dureza el modo en que los medios de comunicación abordaron el conflicto con el campo. Tal como consignó anteayer este diario, ese cuerpo manifestó que ciertas coberturas “llenan de vergüenza e indignación por sus contenidos clasistas y racistas y por la supina ignorancia que revelan”.
“Debo decir que en el único diario que lo leí fue uno solo de aquí de la Capital Federal y hoy los recibí porque precisamente están demandando la profundización de los instrumentos vigentes”, contó la Presidenta. Schuster –quien remarcó también la “necesidad” de debatir nueva Ley de Radiodifusión– le entregó una copia de esa resolución y Fernández de Kirchner aprovechó la oportunidad para sumarse a la crítica: “En estos días que han pasado en la República Argentina, creo que una mirada reflexiva sobre cómo nos informan y nos comunican a los argentinos, se hace imperiosa”.
Consejo Superior de la Facultad de Ciencias Sociales UBA
El Consejo Directivo sentó posición frente al lock out patronal del campo. En su sesión ordinaria del martes 1 de abril el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales emitió dos resoluciones por unanimidad a través de las cuáles fija posición pública frente al conflicto derivado de la disputa por la renta agraria. Además decidió organizar una sesión extrordianaria en los próximos días con el fin de convocar a la comunidad académica a debatir sobre las cuestiones en juego en esta disputa social y política de enorme trascendencia para nuestro país.
Visto:
La situación planteada en relación con las medidas tomadas por las organizaciones de productores rurales nucleadas en SRA, CONINAGRO, CARBAP Y FAA
Considerando:
Que a la fecha las medidas adoptadas han venido provocando desabastecimiento de alimentos a lo largo y ancho del país.
Que las medidas adoptadas por las entidades citadas constituyen un lock-out patronal que, más allá de matices razonables en relación con la diferente situación de partida existente entre grandes y pequeños productores, conllevan un altísimo nivel de confrontación social en la disputa por la apropiación de la riqueza en la Argentina.
Que a lo largo y ancho del país en los caminos se han registrado inauditas requisas o inspecciones en los camiones y otros medios de transporte por parte de los adherentes a la medida a fin de evitar el traslado de mercaderías, lo que ha ofrecido ejemplos de pérdida de millones de litros de leche y la puesta en crisis de la industria agrícola para el próximo semestre.
Que a la hora de dirimir sobre las retenciones, su aplicación como medida redistributiva del ingreso aparece como necesaria aunque insuficiente.
Que en este contexto, la aplicación de retenciones móviles atiende a reconocer el crecimiento de los precios internacionales de ciertos productos, que se combinan con la rebaja de otros coeficientes de
retención.
Que es notorio que las decisiones que se aplican a la exportación de cereales forma parte de un esquema de mayor envergadura que se conjuga con otras variables que han permitido subsidios a los combustibles destinados a la producción, refinanciación de deudas por el Banco Nación, dólar con alto tipo de cambio, apertura de nuevos mercados, disminución del IVA en ciertos productos de la economía de la agro industria, etc.
Que, por lo tanto, se está engañando a sabiendas a la opinión pública –y ello con la complicidad manifiesta de muchos medios de comunicación cuyos intereses están ligados estrechamente al llamado "*boom * de la soja"- al plantear la cuestión como una indebida exacción o aplicación de medidas "confiscatorias" contra los productores rurales, cuando de lo que se trata es de una puja interna de los sectores dominantes por la rentabilidad futura –incluyendo no sólo a los grandes "dueños de la tierra" concentrados, sino también a las grandes multinacionales agroquímicas, exportadoras de grano, etcétera-, como ha sido demostrado por los estudios económicos más insospechables.
Que los reclamos de un sector que defiende sus márgenes de ganancias extraordinarias, por importante que sea su contribución a la economía (y muchos de los ya mencionados estudios prueban que *no es* tan importante como los interesados pretenden afirmarlo), no pueden ejercerse por sobre el interés general de la ciudadanía y de la Nación. En las circunstancias que hoy se hacen presentes, quienes hoy protestan parecen haber olvidado sus propias demandas de atenuación o represión expresadas cuando quienes toman medidas de acción sindical o de protesta social son los sectores de los trabajadores o que han sufrido procesos de empobrecimiento.
Que, lamentablemente, ciertos sectores que participaron o adhirieron a la medida de lock-out de la protesta han extendido sus reclamos a otro tipo de circunstancias de la vida democrática cuestionando al proceso del estado de derecho. Y en muchísimos casos lo han hecho con argumentos "clasistas" y aun "racistas" que en sí mismos merecen el más absoluto repudio por su carácter profundamente regresivo y reaccionario.
Que, sin perjuicio de lo expuesto, debe enfatizarse que las retenciones a las exportaciones deben ser complementadas por otras políticas de redistribución del ingreso mucho más profundizadas y consecuentes de las que se han aplicado hasta ahora, cuyo eje central sea el aumento de salarios por sobre el nivel de productividad y el costo de vida, además de atender a las situaciones diferenciales que existen dentro de la actividad agropecuaria tanto por las posibilidades económicas propias de los medianos y pequeños productores, cuanto por la relación que los sectores más concentrados de la actividad tienen con empresas monopólicas u oligopólicas nacionales y multinacionales.
Que es imperativo que las soluciones a las que se arriben reconozcan los intereses de la mayoría, el respeto a las libertades públicas y a los derechos humanos del conjunto, entre los cuales se encuentra –ciertamente- el derecho a la alimentación.
Por todo lo expuesto
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DECLARA
1º. Que considera inadmisible que la adopción de medidas sectoriales de la actividad agropecuaria alcance a presionar sobre el derecho a la alimentación de millones de argentinos.
2º. Que *es deber impostergable del Estado propender a la mejora progresiva de las condiciones de vida del pueblo argentino interviniendo en la actividad económica con herramientas tributarias o de otro orden que atiendan a una más justa distribución de las riquezas.***
*3º. Su enfático rechazo a cualquier expresión o pretensión sectorial que cuestione la vigencia del régimen democrático, el respeto a los derechos humanos y la continuidad de los juicios por la verdad, la justicia y la memoria.*
*4º. De forma.*
Buenos Aires, 1 de abril de 2008.
VISTO, la actuación de la mayoría de los medios de comunicación con motivo de la cobertura del lock out planteado por los productores agropecuarios; y
CONSIDERANDO, que los medios de comunicación son mayoritariamente empresas configuradas como sociedades comerciales que aún cuando desarrollen una actividad comercial lícita, cabe reclamárseles responsabilidad ética y función social distintivas.
Que aquello con lo que trabajan y construyen sus agendas son mensajes en los que las palabras y las imágenes pesan de modo extraordinario en los que las informaciones, opiniones, puntos de vista, recortes de la realidad, son todas de una indudable y creciente influencia social y política;
Que el reconocimiento al derecho a la información como derecho humano importa garantizar no sólo la libertad de expresión sin censura previa por los propietarios de los medios de comunicación y los periodistas , sino también y fundamentalmente los derechos de quienes reciben informaciones y opiniones como un derecho humano esencial de contenido individual y social de doble vía;
Que, en durante el tratamiento periodístico de los hechos vinculados al lock out de la actividad agrícola-ganadera, han existido expresiones de periodistas – no corregidas ni enmendadas por colegas del propio medio o sus superiores – que lejos de importar afirmaciones de hechos o apreciaciones opinables, llenan de vergüenza e indignación por sus contenidos clasistas y racistas, y por la supina ignorancia que revelan;
Que el público de los medios ha recibido muestras inadmisibles de trato discriminatorio de los actores sociales según su capacidad económica o su pertenencia de clase ante formas similares de reclamo de derechos;
Que la gran bonanza económica que vive la producción agropecuaria pos devaluación ha generado un mercado publicitario extraordinario para los medios de comunicación, verificada por la proliferación de espacios dedicados a la información rural, no debería influir explícitamente en la línea editorial de los distintos medios, sin perjuicio de que sería hacer conocer al público de modo ostensible el listado y compromiso económico aportado por los anunciantes.;
Que ha sido notoria la ausencia de contrastes en las posiciones dadas a conocer en los medios sobre las medidas de las cuatro entidades que las convocaron así como sobre sus causas y consecuencias.
Que ello pone de manifiesto, en particular para los medios audiovisuales una constatación empírica de la necesidad de la sanción de una ley democrática de radiodifusión que garantice los derechos del público a acceder a información plural, lo que conlleva la existencia de medidas tendientes a controlar los procesos de concentración mediática y de maniobras de monopolio informativo;
Que aunque en este contexto hace difícil para los hombres de prensa hacer oír sus voces cuando no comparten las líneas editoriales, ello nunca puede suponer la admisión de expresiones discriminatorias como naturales a la profesión y respetuosas de las líneas éticas de la misma.
Que ocurre lo propio, y es igualmente preocupante, respecto a la carencia de comunicaciones públicas de los medios que pongan de manifiesto preocupación por los dichos discriminatorios de quienes actúan por sus cámaras, micrófonos o páginas.
Que los propios periodistas, a través de sus diversas organizaciones, deben hacer públicas sus reflexiones ante actitudes antidemocráticas o discriminatorias de sus colegas y los medios de comunicación;
Que existen organismos del Estado que están facultados para aplicar sanciones o hacer públicas sus consideraciones respecto de quienes cometen acciones discriminatorias
Que para nuestra Facultad, que alberga a la Carrera de Ciencias de la Comunicación, los medios de comunicación y la actividad de los periodistas profesionales constituyen dos de sus principales objetos de estudio;
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
RESUELVE:
Artículo 1º- Expresar el repudio a las expresiones discriminatorias a las que hemos asistido con motivo del conflicto provocado por el lock out de los productores agropecuarios, tanto por las referencias de clase o por invocar el color de la piel o la situación social.
Artículo 2º- Exhortar al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) para que en el ámbito de sus facultades:
a) realice campañas por vía de la utilización de espacios para la difusión de cuestiones de interés público (art. 72 Ley 22.285) que pongan en conocimiento de la comunidad argentina la existencia de reglas antidiscriminatorias.
b) Proceda a realizar las actividades previstas en la Propuesta Nº 208 del Plan Nacional contra la Discriminación, aprobado mediante el Decreto Nº 1086/05 por medio del Observatorio Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, y de acuerdo a sus objetivos, en los espacios referidos en el punto anterior publique el seguimiento de los contenidos de las emisiones de radio y televisión referidas en los considerandos y difunda las conclusiones respectivas.
c) Realice las investigaciones del caso a fin de dirimir si durante dichas coberturas se han dado a la difusión pública expresiones de contenido antidemocrático o de cuestionamiento a la vigencia del estado de derecho.
Artículo 3º- Invitar a la distintas organizaciones de periodistas profesionales a que realicen un llamado de atención a sus afiliados y socios respecto de las faltas éticas graves que se han cometido durante la cobertura de las manifestaciones derivadas del conflicto por la renta agraria. Como así también a que convoquen al ejercicio responsable en el tratamiento de la información.
Artículo 4º- De forma.
El Observatorio sobre la Discriminación fue creado por decreto en el marco del Plan Nacional contra la Discriminación. Lo integran el Comfer, el Inadi y el Consejo de la Mujer. Ahora se sumará la Facultad de Ciencias Sociales –que dicta la carrera de Ciencias de la Comunicación– y serán invitadas a incorporarse también todas las universidades públicas.
“Los argentinos tenemos que reflexionar esencialmente sobre quiénes son los titulares del derecho de la libertad de información y de la libertad de prensa. Si son realmente las grandes empresas de comunicación o es el ciudadano y la ciudadana de a pie –como me gusta decir– que merece que todas las historias y todos los relatos sean diferentes y plurales”, analizó Fernández de Kirchner durante un acto de entrega de viviendas que encabezó en Casa de Gobierno tras reunirse con Schuster.
Del encuentro entre la Presidenta y el decano de Sociales y su vice Damián Loretti participaron también el ministro de Justicia, Aníbal Fernández; el secretario de Medios de Comunicación, Enrique Albistur; el flamante interventor del Comfer, Gabriel Mariotto; y la titular del Inadi, María José Lubertino.
El Consejo Directivo de Sociales cuestionó días atrás con dureza el modo en que los medios de comunicación abordaron el conflicto con el campo. Tal como consignó anteayer este diario, ese cuerpo manifestó que ciertas coberturas “llenan de vergüenza e indignación por sus contenidos clasistas y racistas y por la supina ignorancia que revelan”.
“Debo decir que en el único diario que lo leí fue uno solo de aquí de la Capital Federal y hoy los recibí porque precisamente están demandando la profundización de los instrumentos vigentes”, contó la Presidenta. Schuster –quien remarcó también la “necesidad” de debatir nueva Ley de Radiodifusión– le entregó una copia de esa resolución y Fernández de Kirchner aprovechó la oportunidad para sumarse a la crítica: “En estos días que han pasado en la República Argentina, creo que una mirada reflexiva sobre cómo nos informan y nos comunican a los argentinos, se hace imperiosa”.
Consejo Superior de la Facultad de Ciencias Sociales UBA
El Consejo Directivo sentó posición frente al lock out patronal del campo. En su sesión ordinaria del martes 1 de abril el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales emitió dos resoluciones por unanimidad a través de las cuáles fija posición pública frente al conflicto derivado de la disputa por la renta agraria. Además decidió organizar una sesión extrordianaria en los próximos días con el fin de convocar a la comunidad académica a debatir sobre las cuestiones en juego en esta disputa social y política de enorme trascendencia para nuestro país.
Visto:
La situación planteada en relación con las medidas tomadas por las organizaciones de productores rurales nucleadas en SRA, CONINAGRO, CARBAP Y FAA
Considerando:
Que a la fecha las medidas adoptadas han venido provocando desabastecimiento de alimentos a lo largo y ancho del país.
Que las medidas adoptadas por las entidades citadas constituyen un lock-out patronal que, más allá de matices razonables en relación con la diferente situación de partida existente entre grandes y pequeños productores, conllevan un altísimo nivel de confrontación social en la disputa por la apropiación de la riqueza en la Argentina.
Que a lo largo y ancho del país en los caminos se han registrado inauditas requisas o inspecciones en los camiones y otros medios de transporte por parte de los adherentes a la medida a fin de evitar el traslado de mercaderías, lo que ha ofrecido ejemplos de pérdida de millones de litros de leche y la puesta en crisis de la industria agrícola para el próximo semestre.
Que a la hora de dirimir sobre las retenciones, su aplicación como medida redistributiva del ingreso aparece como necesaria aunque insuficiente.
Que en este contexto, la aplicación de retenciones móviles atiende a reconocer el crecimiento de los precios internacionales de ciertos productos, que se combinan con la rebaja de otros coeficientes de
retención.
Que es notorio que las decisiones que se aplican a la exportación de cereales forma parte de un esquema de mayor envergadura que se conjuga con otras variables que han permitido subsidios a los combustibles destinados a la producción, refinanciación de deudas por el Banco Nación, dólar con alto tipo de cambio, apertura de nuevos mercados, disminución del IVA en ciertos productos de la economía de la agro industria, etc.
Que, por lo tanto, se está engañando a sabiendas a la opinión pública –y ello con la complicidad manifiesta de muchos medios de comunicación cuyos intereses están ligados estrechamente al llamado "*boom * de la soja"- al plantear la cuestión como una indebida exacción o aplicación de medidas "confiscatorias" contra los productores rurales, cuando de lo que se trata es de una puja interna de los sectores dominantes por la rentabilidad futura –incluyendo no sólo a los grandes "dueños de la tierra" concentrados, sino también a las grandes multinacionales agroquímicas, exportadoras de grano, etcétera-, como ha sido demostrado por los estudios económicos más insospechables.
Que los reclamos de un sector que defiende sus márgenes de ganancias extraordinarias, por importante que sea su contribución a la economía (y muchos de los ya mencionados estudios prueban que *no es* tan importante como los interesados pretenden afirmarlo), no pueden ejercerse por sobre el interés general de la ciudadanía y de la Nación. En las circunstancias que hoy se hacen presentes, quienes hoy protestan parecen haber olvidado sus propias demandas de atenuación o represión expresadas cuando quienes toman medidas de acción sindical o de protesta social son los sectores de los trabajadores o que han sufrido procesos de empobrecimiento.
Que, lamentablemente, ciertos sectores que participaron o adhirieron a la medida de lock-out de la protesta han extendido sus reclamos a otro tipo de circunstancias de la vida democrática cuestionando al proceso del estado de derecho. Y en muchísimos casos lo han hecho con argumentos "clasistas" y aun "racistas" que en sí mismos merecen el más absoluto repudio por su carácter profundamente regresivo y reaccionario.
Que, sin perjuicio de lo expuesto, debe enfatizarse que las retenciones a las exportaciones deben ser complementadas por otras políticas de redistribución del ingreso mucho más profundizadas y consecuentes de las que se han aplicado hasta ahora, cuyo eje central sea el aumento de salarios por sobre el nivel de productividad y el costo de vida, además de atender a las situaciones diferenciales que existen dentro de la actividad agropecuaria tanto por las posibilidades económicas propias de los medianos y pequeños productores, cuanto por la relación que los sectores más concentrados de la actividad tienen con empresas monopólicas u oligopólicas nacionales y multinacionales.
Que es imperativo que las soluciones a las que se arriben reconozcan los intereses de la mayoría, el respeto a las libertades públicas y a los derechos humanos del conjunto, entre los cuales se encuentra –ciertamente- el derecho a la alimentación.
Por todo lo expuesto
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DECLARA
1º. Que considera inadmisible que la adopción de medidas sectoriales de la actividad agropecuaria alcance a presionar sobre el derecho a la alimentación de millones de argentinos.
2º. Que *es deber impostergable del Estado propender a la mejora progresiva de las condiciones de vida del pueblo argentino interviniendo en la actividad económica con herramientas tributarias o de otro orden que atiendan a una más justa distribución de las riquezas.***
*3º. Su enfático rechazo a cualquier expresión o pretensión sectorial que cuestione la vigencia del régimen democrático, el respeto a los derechos humanos y la continuidad de los juicios por la verdad, la justicia y la memoria.*
*4º. De forma.*
Buenos Aires, 1 de abril de 2008.
VISTO, la actuación de la mayoría de los medios de comunicación con motivo de la cobertura del lock out planteado por los productores agropecuarios; y
CONSIDERANDO, que los medios de comunicación son mayoritariamente empresas configuradas como sociedades comerciales que aún cuando desarrollen una actividad comercial lícita, cabe reclamárseles responsabilidad ética y función social distintivas.
Que aquello con lo que trabajan y construyen sus agendas son mensajes en los que las palabras y las imágenes pesan de modo extraordinario en los que las informaciones, opiniones, puntos de vista, recortes de la realidad, son todas de una indudable y creciente influencia social y política;
Que el reconocimiento al derecho a la información como derecho humano importa garantizar no sólo la libertad de expresión sin censura previa por los propietarios de los medios de comunicación y los periodistas , sino también y fundamentalmente los derechos de quienes reciben informaciones y opiniones como un derecho humano esencial de contenido individual y social de doble vía;
Que, en durante el tratamiento periodístico de los hechos vinculados al lock out de la actividad agrícola-ganadera, han existido expresiones de periodistas – no corregidas ni enmendadas por colegas del propio medio o sus superiores – que lejos de importar afirmaciones de hechos o apreciaciones opinables, llenan de vergüenza e indignación por sus contenidos clasistas y racistas, y por la supina ignorancia que revelan;
Que el público de los medios ha recibido muestras inadmisibles de trato discriminatorio de los actores sociales según su capacidad económica o su pertenencia de clase ante formas similares de reclamo de derechos;
Que la gran bonanza económica que vive la producción agropecuaria pos devaluación ha generado un mercado publicitario extraordinario para los medios de comunicación, verificada por la proliferación de espacios dedicados a la información rural, no debería influir explícitamente en la línea editorial de los distintos medios, sin perjuicio de que sería hacer conocer al público de modo ostensible el listado y compromiso económico aportado por los anunciantes.;
Que ha sido notoria la ausencia de contrastes en las posiciones dadas a conocer en los medios sobre las medidas de las cuatro entidades que las convocaron así como sobre sus causas y consecuencias.
Que ello pone de manifiesto, en particular para los medios audiovisuales una constatación empírica de la necesidad de la sanción de una ley democrática de radiodifusión que garantice los derechos del público a acceder a información plural, lo que conlleva la existencia de medidas tendientes a controlar los procesos de concentración mediática y de maniobras de monopolio informativo;
Que aunque en este contexto hace difícil para los hombres de prensa hacer oír sus voces cuando no comparten las líneas editoriales, ello nunca puede suponer la admisión de expresiones discriminatorias como naturales a la profesión y respetuosas de las líneas éticas de la misma.
Que ocurre lo propio, y es igualmente preocupante, respecto a la carencia de comunicaciones públicas de los medios que pongan de manifiesto preocupación por los dichos discriminatorios de quienes actúan por sus cámaras, micrófonos o páginas.
Que los propios periodistas, a través de sus diversas organizaciones, deben hacer públicas sus reflexiones ante actitudes antidemocráticas o discriminatorias de sus colegas y los medios de comunicación;
Que existen organismos del Estado que están facultados para aplicar sanciones o hacer públicas sus consideraciones respecto de quienes cometen acciones discriminatorias
Que para nuestra Facultad, que alberga a la Carrera de Ciencias de la Comunicación, los medios de comunicación y la actividad de los periodistas profesionales constituyen dos de sus principales objetos de estudio;
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
RESUELVE:
Artículo 1º- Expresar el repudio a las expresiones discriminatorias a las que hemos asistido con motivo del conflicto provocado por el lock out de los productores agropecuarios, tanto por las referencias de clase o por invocar el color de la piel o la situación social.
Artículo 2º- Exhortar al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) para que en el ámbito de sus facultades:
a) realice campañas por vía de la utilización de espacios para la difusión de cuestiones de interés público (art. 72 Ley 22.285) que pongan en conocimiento de la comunidad argentina la existencia de reglas antidiscriminatorias.
b) Proceda a realizar las actividades previstas en la Propuesta Nº 208 del Plan Nacional contra la Discriminación, aprobado mediante el Decreto Nº 1086/05 por medio del Observatorio Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, y de acuerdo a sus objetivos, en los espacios referidos en el punto anterior publique el seguimiento de los contenidos de las emisiones de radio y televisión referidas en los considerandos y difunda las conclusiones respectivas.
c) Realice las investigaciones del caso a fin de dirimir si durante dichas coberturas se han dado a la difusión pública expresiones de contenido antidemocrático o de cuestionamiento a la vigencia del estado de derecho.
Artículo 3º- Invitar a la distintas organizaciones de periodistas profesionales a que realicen un llamado de atención a sus afiliados y socios respecto de las faltas éticas graves que se han cometido durante la cobertura de las manifestaciones derivadas del conflicto por la renta agraria. Como así también a que convoquen al ejercicio responsable en el tratamiento de la información.
Artículo 4º- De forma.
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