viernes, 24 de agosto de 2012

Comunicado del Movimiento Universitario Evita en torno a las Jubilaciones Anticipadas


¡Que no cesanteen a nuestros docentes!

Por una verdadera Universidad Pública.

En la Universidad de Buenos Aires se ha desatado un conflicto docente que lleva ya 3 años. En el año 2009 se ha aprobado por el Congreso Nacional la Ley número 26.508 del Personal Docente Universitario, donde se explicita que los docentes universitarios que cumplan con 65 años de edad pueden peticionar continuar en su actividad profesional durante 5 años más.
Frente a una ley de carácter nacional, la Universidad de Buenos Aires y su corporación radical, aferrándose al principio de autonomía universitaria, de un total de 652, se han cesanteado 150 profesores de nuestra Facultad de Sociales, incumpliendo con el plazo de 5 años más de docencia. El estatuto donde radica dicho principio de autonomía fue redactado en 1958, en la línea histórica Aramburu-Rojas. Es el mismo principio que convierte a nuestra Universidad en una isla de la educación pública, quedando al margen de discusiones nacionales, y falta de compromiso con la política nacional y latinoamericana.
Nuestra Facultad ha dado prestigiosos profesores e investigadores durante años, muchos de los que sufrieron la dictadura, algunos desaparecidos, y otros sin opción más que el exilio. No podemos permitir que sean cesanteados los docentes que a través de su trayectoria han dejado un fuerte compromiso con la tarea académica, los mismos que integran nuestras cátedras, y viven para la educación pública.
En la construcción de un Movimiento Estudiantil que debate una cada vez mejor política educativa nacional y regional latinoamericana, convocamos a los estudiantes a un estado de alerta y participación en las clases públicas que están convocando los docentes universitarios para el día 22 de agosto, y creemos necesario un fuerte compromiso y posicionamiento de la Facultad de Ciencias Sociales como también de todos los estudiantes, no permitiendo que el principio de autonomía universitaria se imponga por sobre una ley de carácter nacional, sabiendo que son nuestros docentes universitarios los que hacen al prestigio y excelencia de nuestra educación pública.



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